El día de ayer dio inicio en El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Marta Liliana Snopek (presidenta), Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, un nuevo juicio al empresario Marcos Levin, ex dueño de la empresa La Veloz del Norte, a José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma, y a Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta.
El juicio se da luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara que se trata de delitos de lesa humanidad, anulando un fallo de la Cámara de Casación del año 2017 en la que sostenía que los delitos por los cuales el empresario había sido condenado a 12 años de prisión habían prescripto.
Un genocidio contra la clase trabajadora
Las causas contra el dueño de La Veloz del Norte muestran que el golpe militar de 1976 fue impulsado por los grandes empresarios para derrotar a la clase trabajadora e implementar nuevas condiciones de trabajo en beneficio de los empresarios.
El caso de Levín es importante porque se trata del primer empresario que fue condenado por el secuestro y torturas que sufriera el delegado gremial Víctor Cobos. Tanto Cobos como los más que 15 trabajadores que fueran secuestrados y torturados en la Comisaría 4° de Salta, pertenecían a un núcleo de trabajadores que venían enfrentando los constante incumplimientos de la empresa de transporte La Veloz del Norte (y de Atahualpa, de la familia Balut) y que formaban parte del sector combativo de Salta y Tucumán, que llevó adelante medidas de fuerza entre 1973 y 1976. El propio Secretario General de la UTA Salta por ese entonces, Carlos Norberto Hoyos, fue detenido el mismo 24 de marzo de 1976.
Las víctimas denuncian que Levín armó las listas de los trabajadores que debían ser detenidos para que, bajo tortura,“confesaran” haber realizado robos a la empresa. Algo que fue utilizado luego para realizarles causas penales por estafa. Los ex detenidos dan cuenta, además, de la presencia del empresario en la comisaría durante las sesiones de tortura.
Levín y el poder político
Levín, al igual que gran parte del poder económico de la Argentina, se enriqueció durante y luego de la dictadura, diversificando sus negocios. Actualmente, su familia controla ni más ni menos que la Terminal de Ómnibus de Salta y es dueña del lujoso hotel Alejandro I, el elegido por Javier Milei para hacer su cierre de campaña nacional el próximo 12 de octubre, tal como denunció en sus redes la candidata local a diputada por la izquierda, Daniela Planes. No es de extrañar: el libertario candidato a presidente desconoce el número de desaparecidos y, amparándose en la teoría de la guerra sostiene a viva voz que lo que hubo en los ´70 por parte de las fuerzas de seguridad fueron “excesos”. En el mismo sentido, en Tucumán viene de hacer una alianza con el partido del genocida Domingo Bussi, que llevó a su hijo de candidato.
A días de iniciarse juicio al empresario Marcos Levin por su participación en la dictadura, el negacionista @JMilei realiza el cierre de campaña en su hotel de #Salta. 🧵
— Daniela PlanesS (@DaniPlanesS) October 5, 2023
Fue en ese hotel, además, donde Mauricio Macri realizó su presentación en la campaña presidencial de 2015 y fuera arengado por el propio Levín. Y es ahora Sergio Massa quien le propone a Gerardo Morales, uno de los garantes de la impunidad de la familia Blaquier, ser parte de un Gobierno de unidad nacional.
Frente a esta realidad, que involucra en la impunidad de los genocidas a peronistas, libertarios y de Juntos por el Cambio, no es casual que en el debate de candidatos a presidentes sólo Myriam Bregman enfrentara los dichos negacionistas de Milei. Porque todos los candidatos y candidatas del ajuste saben que los planes del FMI no van a pasar sin represión.
Por eso, la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas, y sus cómplices civiles y eclesiáticos, así como la lucha contra la impunidad de hoy, son un punto de apoyo para fortalecer las luchas que se vienen.
